Según fuentes judiciales, el Ministerio Público acusó a los 10 empleados del Ministerio de Hábitat y Vivienda de estar supuestamente vinculados a una organización criminal que comercializaba apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en dólares.
Los arrestados fueron llevados al Tribunal 2 de Control del Área Metropolitana de Caracas, donde representantes del Ministerio Público les atribuyeron la supuesta comisión de demora o negligencia deliberada en funciones, así como el acceso no autorizado o sabotaje a sistemas protegidos, crímenes previstos en la Ley contra la Corrupción.
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